Resumen: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso disciplinario militar ordinario número 3/20, interpuesto por el Guardia Civil con destino en el Puesto de La Muela, Zaragoza, contra la resolución del Excmo. Sr. General Jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil de fecha 22 de enero de 2020 que confirmaba la resolución sancionadora del Capitán Jefe de la Compañía de Casetas (Zaragoza) recaída en el procedimiento por falta leve núm. 08L0003/19, que impuso al recurrente una sanción de PÉRDIDA DE DOS DÍAS DE HABERES CON SUSPENSIÓN DE FUNCIONES, como autor responsable de una falta leve prevista en el artículo 9, apartado 3, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, bajo la rúbrica de "El retraso, negligencia o inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas"
Resumen: El procedimiento ordinario para la designación de los jueces de paz, cuya elección corresponde, mediando convocatoria pública, al Pleno del Ayuntamiento, y el nombramiento a la Sala de Gobierno del correspondiente Tribunal Superior de Justicia, se inicia con ocasión de la vacante correspondiente, a cuyo efecto las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia participan a los Ayuntamientos la previsión o existencia de vacantes a los efectos de la convocatoria correspondiente. Efectuada la correspondiente elección por el Pleno del Ayuntamiento se remite, por medio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, a la Sala de Gobierno, la cual, si considera que las personas elegidas por el Ayuntamiento reúnen las condiciones de capacidad y de elegibilidad exigidas por la ley expedirá los correspondientes nombramientos y ordenará su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, dando cuenta de los mismos al Consejo General del Poder Judicial y al Juez de Primera Instancia e Instrucción de Partido, o al Decano si hubiere varios; y si por el contrario, oído el Ministerio Fiscal, estima que la persona o personas propuestas por el Ayuntamiento no reúnen las condiciones exigidas por la ley, procederá a designar directamente al Juez de Paz. Lo mismo sucede si, en el plazo de tres meses desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevista.
